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Ahora el narcotráfico pasa factura a empresas inmobiliarias. Su objetivo, imponer su "derecho de piso" como si el país les perteneciera. Así lo manifestó Germán Ahumada Alducín, Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, quien denuncio que muchos de sus agremiados han sido víctimas de agresiones por parte de grupos bandálicos que operan en Estados como Tamaulipas o Chihuahua.

Uno de ellos, es ARA, que prefirió dejar de construir en Ciudad Juárez por haber sido amenazada de pagar el "derecho de piso" y así evitar agresiones contra sus empleados.

Ahumada Alducín también detalló que en ocasiones, la construcción a medio proceso ha sido ocupada por civiles armados, impidiendo se termine el desarrollo, lo que se traduce en temor para los empleados, perjudica la imagen de la compañía y merma la economía del sector.

En ocasiones, también se ha incurrido en el robo de materiales. El narcotráfico, ha originado que se frene la inversión en el sector inmobiliario, lo cual genera un impacto negativo en el desarrollo de vivienda, urbanístico y laboral.

Tal como apuntó el señor Ahumada Alducín, para evitarse problemas relacionados a la inseguridad, las compañías inmobiliarias prefieren abandonar el proyecto de urbanización. La pregunta que queda en el aire es ¿seguimos retrocediendo socialmente ante la presencia del crimen organizado?

Al parecer, a los grupos vinculados con el crimen organizado, les conviene operar en Estados con ciudades sin infraestructura, sin desarrollo social y donde las autoridades se hagan de la vista gorda..... ¿O acaso tendrán algo qué ver sus propias "autoridades" en la gestión administrativa de los cárteles?