Ante el narcotráfico, ¿los buenos no tenemos derechos humanos?lunes, noviembre 28, 2011 6:44 AM
La semana pasada, cabecillas de la deslealtad a los valores sociales, la razón y la honestidad presentaron una supuesta denuncia ante el tribunal de La Haya para que se investigue por lo que según ellos llaman presuntos crímenes de guerra al Presidente Calderón, al gabinete de seguridad y al capo Joaquín Guzmán Loera.
Muchas dudas crecen en torno a la "honestidad" de quienes formulan esta denuncia y que responden a los nombres de:
Netzaí Sandoval (jurista), Julio Scherer (editor de Proceso y quien entrevistó al capo Mayo Zambada y junto con quien aparece en una portada de su propia revista) John Ackerman (trabajador de la UNAM) y Edgardo Buscaglia (empleado del ITAM).
Lo cierto, es que estos individuos nada más denunciaron a un sólo capo. Pero no denunciaron por ejemplo a Servando Gómez alias "La Tuta", que como sabemos ha puesto de cabeza a Michoacán, o a Heriberto Lazcano Lazcano (jefe de los Zetas) o a Miguel Angel Treviño Morales alias "L42, presunto culpable de la masacre en San Fernando, Tamaulipas.
Tal parece que Sandoval y sus compinches tienen por objetivo no servir a la sociedad honrada y si demeritar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro, la extorsión y sobre todo, al genocidio. ¿Cómo? Denunciando al único presidente en México que ha tenido los suficientes pantalones para enfrentar a esos cerdos.
¿Qué puede pensarse de gente como Scherer que sale en fotos entrevistando a un capo de la mafia y que además es amigo del otro capo al que denunció, Joaquín Guzmán Loera?
¿Qué juego están jugando estos vasallos del narcotráfico?
Esa es la pregunta que hoy le hacemos al "periodista" Julio Scherer, al "jurista" Netzaí Sandoval y a los otros dos que se dicen ser investigadores.
¿Qué tipo de denuncia es la que ustedes deben perseguir? ¿Acaso la sociedad que no delinque no tiene derechos humanos? ¿Acaso los buenos no tenemos el derecho a vivir tranquilamente en este país porque finalmente existen bastardos como ustedes que defienden al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia?
¿Acaso están viendo por las familias de los muertos de San Fernando? ¿Acaso los inmigrantes deben entonces acceder a convertirse en criminales cuando pasen por este país?
No observan el que entre mafias se matan porque finalmente son seres carentes de racionalidad, que venden su humanidad al servicio de un delincuente inhumano. No observan que entre sicarios lo menos que importa es si hay una familia de por medio, simplemente, ellos llegan y arrasan con la gente, por el sólo hecho de que cumplen órdenes de su amo. Y si no observan estos aspectos, entonces tampoco son capaces de observar que sean tan inhumanos esos delincuentes para secuestrar a una persona, extorsionar a su familia, cortarle un dedo, una oreja, enviarla como si fuera "una prueba" haciendo un daño psicológico, emocional y social a la víctima, a su familia y a sus allegados. ¿Y luego? ¿Cuál es su posición como "juristas" e "investigadores" frente a esos casos? ¿Morbosean? ¿Puede parecer lascivo acaso el que una víctima de secuestro, un sobreviviente llegue al juicio mutilado?
No hay que ser tan miserable. Hay que entender el dolor que sienten personas que hoy buscan a su familiar y no lo encuentran, porque fue secuestrado, muerto, su cuerpo diluido o fragmentado y del cual, no hay rastro. Eso lo hacen los vasallos del crimen, y eso es lo que duele y lo que hace necesaria esta lucha contra los criminales.
Cuando tengan sentido no sólo común, sino del dolor humano, entonces hablen. Mientras si no pueden servir a la sociedad de manera HONESTA porque en sus casas ni en sus "escuelas" les enseñaron ese concepto, dedíquense a hacer otras cosas.
Es el dolor humano el que mueve esta lucha incansable. Y es precisamente el dolor que han causado esos bastardos a muchas familias lo que exigió su existencia.
El dolor humano no sólo se traduce en una lágrima, en un grito. Va más allá de la impotencia y la incertidumbre del por qué hay seres tan enfermos como para mutilar a una persona, matarla, exigir dinero a su familia sólo por tener un poco más que los demás y encima, exhibir el caso públicamente como si fuera una telenovela.
Cuando comprendan esto que es el dolor que han sentido personas que hoy encabezan ONG's y que exigen públicamente que a asesinos y secuestradores se les de cadena perpetua, entonces, van a comprender el sentido de esta lucha. Mientras, seguirán sirviendo a un circo el cual muchas personas señalan como crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno federal emitió un comunicado ya en el que enfatiza su total rechazo a las calumnias de estos individuos. Cabe resaltar, que más allá de sólo emitir un rechazo, el gobierno federal debe aclarar qué hay detrás de esta denuncia, y hacer pagar no sólo por la difamación a quienes exigen que el Ejército, la Marina y la Policía Federal hagan su trabajo, sino también saber a ciencia cierta qué están defendiendo esas personas. Porque después de ver a un pseudoperiodista pegado a los pantalones de un capo, lo menos que existe es confianza y certeza en lo que estos individuos dicen.
"El gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.
A continuación, el comunicado íntegro:
"México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas.
"Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
"En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
"En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes.
"Debe decirse, sin embargo, que ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales. La regla observada por los agentes federales del orden público, ha sido la de poner a disposición de la autoridad competente a los detenidos en los términos establecidos por la Constitución mexicana. En su desempeño, la observancia de la ley ha sido claramente la regla y no la excepción. Es decir, tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.
"Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.
"La estrategia del gobierno federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención.
"En particular, las recientes reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, penal, y de amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de derechos humanos que se haya realizado en México en décadas, son prueba fehaciente del compromiso del gobierno de la República con los derechos humanos.
"Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales.
"Adicionalmente, esta administración federal sostiene una política activa de prevención del delito, a través del mayor esfuerzo de política social que se tenga registro y que ha permitido alcanzar la cobertura universal de salud, así como la realización de la mayor obra de infraestructura de salud y educativa, a través de la construcción de hospitales, clínicas, universidades y bachilleratos públicos y gratuitos en un número sin precedentes en la historia del país.
"Se complementa la política preventiva también con el mayor establecimiento de Centros Nueva Vida para prevención de adicciones, el rescate de espacios públicos, y la implementación del Programa Escuela Segura. Es decir, el gobierno federal trabaja para reconstruir el tejido social y generar condiciones sociales que hagan menos propicia la incorporación de jóvenes a la violencia o a las adicciones.
"Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales."
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